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ONG´s advierten: Impedir contraloría social viola principios de democracia participativa

Rueda de prensa, 20 de agosto de 2014

Organizaciones no gubernamentales del estado Nueva Esparta sumaron sus voces para advertir la franca violación a los principios de la democracia participativa y por ende a la Constitución Nacional, que representa la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia al declarar inadmisible el recurso interpuesto contra la Ministra de Salud referido a “la falta de oportuna y adecuada respuesta a la petición de información realizada el 22 de octubre de 2012 y reiterada en fechas 26 de diciembre de 2012 y 6 de febrero de 2013”.

Juan Carlos Torcat, director de la Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac), afirmó que la decisión viola el derecho fundamental de información de los artículos 51 y 143 de la Carta Magna nacional, por lo que menoscaba el derecho de todos los venezolanos de conocer como administra y en que destina el Estado los recursos del país. “La información pública es el poder del pueblo, pues para exigir responsabilidades debemos saber cómo invierte el Gobierno el dinero, no hacerlo es corrupción”, advirtió.

Asimismo, Henry Jaspe, director de la ONG Nueva Esparta en Movimiento, calificó de golpe de Estado al poder popular dicha Sentencia, por cuanto si la población no tiene acceso a la información pública como puede determinar la efectividad de la gestión y asegurarse que se cumplirán sus expectativas.

Con la misma contundencia Jonathan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, afirmó que la Sentencia menoscaba el derecho a la información pública y la contraloría social. “Los ciudadanos cada vez tenemos menos acceso a la información  pública cuando la Constitución nos da el derecho a conocer qué hacen nuestros funcionarios y gobernantes en materias de políticas, de gastos públicos, qué hacen con los dineros públicos y cómo ejecutan sus gestiones. Queremos ejercer nuestro derecho de hacer contraloría social para constatar el inventario de antirretrovirales y reactivos para pruebas de VIH”.

Rodríguez calificó como graves las acusaciones de guerra mediática provenientes de la doctora Lucinda Fernández, Coordinadora Regional del Programa de VIH en Nueva Esparta por el Ministerio para la Salud, “no somos terroristas ni guerrilleros, somos activistas y defendemos los derechos de las personas que nos llaman desesperadas en búsqueda de apoyo porque no les entregan sus medicamentos en algunos estados del país. Malintencionado y terrorista pudiera entenderse a aquellas personas que administran los dineros públicos y no compran suficientes medicamentos ni reactivos para abastecer la demanda de la población que ha contraído el VIH y que depende de estos fármacos para vivir. Haga su trabajo y nosotros hacemos el nuestro”, sentenció Rodríguez.

Para conocer más detalles acerca de esta y otras informaciones, visite el portal en internet www.stopvih.org y siga la cuenta @StopVIH en la red social tuiter.

Prensa, StopVIH, CNP. 6.126.